La educación especial ha sido uno de los temas más polémicos a raíz de la aprobación, el pasado noviembre, de la nueva ley educativa. La disposición adicional cuarta de la LOMLOE o ‘Ley Celaá’ prevé un trasvase del alumnado de educación especial al sistema ordinario en un plazo de 10 años.
Padres y miembros de la comunidad educativa critican abiertamente el plan del Gobierno. Es el caso de Pilar García de la Granja, periodista, presidenta de la Fundación Querer y madre de un niño diagnosticado de síndrome de Landau-Kleffner: “Lo que me parece realmente peligroso es intentar que los niños que necesitan educación especializada se conviertan en libros de texto de los que no padecen un trastorno neurológico. Eso sí me parece gravísimo y una ingeniería social intolerable. Cada niño, la educación que necesita, allá donde esté”.
En España, más de 38.000 niños y jóvenes están escolarizados en centros de educación especial. La ‘Plataforma Inclusiva Sí, Especial También’ rechaza la LOMLOE al considerar que “no ofrece garantías” ni para la educación especial ni para la ordinaria, al no contemplar “un incremento del gasto” para hacer frente al plan de integración. Tampoco se sostiene, según Pilar García de la Granja, el argumento de la integración para hacer desaparecer los colegios de educación especial: “La integración real es dotar al niño de las herramientas para aprender y ser independiente en el futuro dentro de la sociedad”.
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