El pasado sábado falleció en Cádiz una mujer sin hogar que padecía un cáncer terminal. Durante los últimos siete meses de su vida permaneció en un recurso municipal del Ayuntamiento de Cádiz que, aunque le proporcionó atención y acompañamiento, no era el recurso sociosanitario que requería su situación.
Su realidad era conocida. Su deterioro era evidente. Y la necesidad de una atención especializada estaba reconocida por las administraciones competentes. Por ello, se tramitó con carácter urgente una plaza residencial dependiente de la Junta de Andalucía. La urgencia fue aceptada y la plaza aprobada hace meses. Sin embargo, la incorporación efectiva nunca llegó a producirse.
La persona falleció esperando. Falleció sin haber podido acceder al recurso que los informes consideraban necesario. Falleció mientras la administración acumulaba tiempos de espera incompatibles con la realidad de una enfermedad terminal. Falleció mientras una plaza aprobada seguía sin materializarse. Y esta no puede ser una noticia más.
No estamos ante una circunstancia imprevisible ni ante un hecho aislado. Estamos ante la consecuencia de un sistema que, en demasiadas ocasiones, no es capaz de responder con la rapidez que exigen las situaciones de máxima vulnerabilidad. Cuando una persona en situación de sinhogarismo, con una enfermedad terminal y una plaza urgente aprobada, fallece antes de poder acceder al recurso que necesita, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve reconocer una necesidad urgente si la respuesta llega demasiado tarde? ¿Qué sentido tiene aprobar una plaza cuando la persona beneficiaria fallece sin haber podido ocuparla?
La Junta de Andalucía, como administración responsable de estos recursos, debe garantizar que las personas que se encuentran en situaciones extremas reciban una atención adecuada y en tiempos compatibles con su realidad. La falta de plazas suficientes y los retrasos en la asignación efectiva de los recursos tienen consecuencias muy reales sobre la vida de las personas.
Las personas sin hogar también enferman, envejecen y necesitan cuidados especializados. Merecen una atención digna y una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas. No pueden quedar atrapadas en procedimientos interminables mientras su salud se deteriora día tras día.
Por eso denunciamos esta situación. Porque detrás de cada expediente hay una persona. Porque detrás de cada retraso hay sufrimiento. Y porque sabemos que, si no se adoptan medidas urgentes, habrá otros casos que terminarán de la misma manera.
No basta con lamentar lo ocurrido. Es necesario aumentar los recursos residenciales y sociosanitarios disponibles, agilizar los procedimientos para los casos de máxima urgencia y garantizar una coordinación efectiva entre administraciones para que las plazas aprobadas se conviertan en atención real cuando todavía se está a tiempo.
La persona que ha fallecido no es una cifra ni una estadística. Su muerte debe servir para poner el foco sobre una realidad que exige cambios inmediatos. Porque ninguna persona debería morir esperando un recurso que ya le había sido reconocido. Porque la dignidad no puede estar en lista de espera. Y porque una sociedad justa se mide, precisamente, por cómo protege a quienes más lo necesita
