Hace apenas unos días se ha celebrado en San Sebastián el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Imserso y otras instituciones españolas. Durante tres jornadas, cerca de 800 profesionales procedentes de 76 países compartimos experiencias, proyectos y reflexiones sobre cómo adaptar nuestras ciudades y comunidades a una sociedad cada vez más longeva.
El encuentro ha servido para confirmar algo que ya nadie discute: el envejecimiento de la población no es un fenómeno del futuro, sino una realidad del presente que está transformando nuestras ciudades, nuestros servicios públicos y nuestras formas de convivencia. También nos ha permitido comprobar el extraordinario dinamismo de un movimiento internacional que lleva más de quince años impulsando políticas locales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Sin embargo, regresamos del Congreso con una sensación agridulce. Por un lado, resulta inspirador conocer iniciativas innovadoras desarrolladas en ciudades de todo el mundo. Por otro, es difícil ignorar una realidad que apareció de forma recurrente en muchas conversaciones formales e informales: la distancia existente entre la magnitud de los retos demográficos y los recursos realmente disponibles para afrontarlos.
Porque si algo quedó claro durante estos días es que las ideas no faltan.
Se presentaron proyectos relacionados con vivienda colaborativa, programas intergeneracionales, lucha contra la soledad no deseada, movilidad accesible, participación ciudadana, adaptación de espacios públicos, envejecimiento en el propio hogar, voluntariado comunitario o combate contra el edadismo. Experiencias impulsadas desde grandes ciudades, pequeñas localidades rurales y comunidades muy diferentes entre sí demostraron que es posible innovar y generar impactos positivos en la vida de las personas mayores.
A lo largo de los días del Congreso tuvimos la oportunidad de conocer y compartir grandes experiencias, muchas de ellas perfectamente aplicables en prácticamente cualquier territorio de España. Algunas destacaban por su sencillez; otras, por su capacidad para movilizar a la comunidad; y muchas demostraban que las soluciones más eficaces no siempre son las más complejas ni las más costosas.
Precisamente ahí reside uno de los grandes valores de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores impulsada por la OMS: la posibilidad de aprender de otros territorios, adaptar soluciones y evitar que cada municipio tenga que empezar desde cero.
Pero, al mismo tiempo, había un elefante en el centro de la habitación que resultaba imposible ignorar: la cuestión de la financiación apareció una y otra vez, aunque no siempre ocupase el protagonismo de los discursos oficiales.
Muchos municipios están desarrollando estrategias ambiciosas para responder al envejecimiento de la población. Sin embargo, la realidad es que una parte importante de estas iniciativas dependen de convocatorias puntuales, subvenciones temporales o presupuestos muy limitados.
Resulta paradójico que el envejecimiento sea reconocido como uno de los principales desafíos demográficos, sociales y económicos del siglo XXI y que, sin embargo, las políticas destinadas a abordarlo continúen ocupando posiciones secundarias en muchas administraciones públicas.
La situación es especialmente visible en el ámbito local.
Son los ayuntamientos quienes se encuentran en primera línea de contacto con las personas mayores. Son ellos quienes detectan situaciones de soledad, quienes gestionan centros municipales, quienes impulsan programas de participación y quienes deben adaptar los entornos urbanos a las nuevas necesidades derivadas de la longevidad.
Sin embargo, también son las administraciones que disponen de menores recursos y de menor capacidad financiera para afrontar transformaciones de gran alcance.
Aunque se ha avanzado mucho durante los últimos años, no deja de resultar preocupante cómo van a poder acometer los municipios los retos asociados a la longevidad de la población cuando las áreas de mayores y servicios sociales continúan siendo, en demasiadas ocasiones, los patitos feos de muchos equipos de gobierno municipales.
La cuestión adquiere una relevancia todavía mayor si tenemos en cuenta que las ciudades amigables no se limitan a organizar actividades para personas mayores. Su enfoque es mucho más amplio.
Y eso exige recursos, planificación y liderazgo político.
Otro de los mensajes más interesantes del Congreso fue precisamente la necesidad de abandonar la idea de que las políticas de envejecimiento corresponden exclusivamente a las áreas de mayores. La longevidad debe incorporarse de forma transversal al conjunto de las políticas públicas locales.
Las ciudades que mejor están respondiendo al cambio demográfico son aquellas que integran esta perspectiva en todas sus decisiones urbanas, sociales y económicas.
La buena noticia es que cada vez existen más ejemplos de éxito. La menos buena es que muchas de estas experiencias siguen dependiendo del compromiso personal de determinados responsables políticos o técnicos, más que de estructuras estables de financiación y gobernanza.
Por ello, quizá la principal reflexión que nos deja este III Congreso Mundial no sea únicamente la necesidad de seguir innovando, sino la urgencia de dotar de mayor prioridad política y presupuestaria a las políticas relacionadas con la longevidad.
La transición demográfica ya está aquí. No espera a que existan consensos políticos, ni a que mejoren los presupuestos municipales, ni a que las administraciones terminen de reorganizarse.
La pregunta ya no es si debemos actuar. La pregunta es si estamos dispuestos, como sociedad, a dedicar a este desafío los recursos, la atención política y la capacidad de gestión que realmente merece.
Porque las buenas ideas existen. Lo hemos comprobado durante estos días en San Sebastián. Lo que sigue faltando, en demasiados lugares, es la financiación necesaria para convertirlas en una realidad a la escala que el reto demográfico exige.
